La pobreza o subdesarrollo de un país no lo exime sino que lo obliga a fijar prioridades en sus políticas públicas y, en especial las educativas, entendidas como insumo estratégico determinante para generar alternativas de progreso colectivo, ocupan un lugar de privilegio en la toma de decisiones estructurales. La educación es el mejor camino para iniciar y mantener un proceso de desarrollo sustentable y equitativo en Argentina. Por ello como política nacional de largo plazo es estratégica para garantizar mecanismos efectivos de ascenso social y base para el desarrollo económico del país. Esta política está orientada bajo un reto: el del conocimiento. En una sociedad basada en el conocimiento, la organización de los sistemas educativos debe poder reestructurarse en función de los cambios registrados en el mundo del trabajo y en la vida social mediante el aprendizaje permanente. De esta manera, la educación no sólo contribuye como motor de crecimiento económico sino que se convierte en una sólida fuerza de integración social.