Es obligación irrecusable e irrenunciable que tiene el Estado de respetar y hacer respetar el estado de derecho y orden público. El Estado de derecho de nuestra constitución asegura el respeto irrestricto al derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la propiedad, a la libertad de trabajar y circulación, a la tolerancia de las ideas. El desafío de garantizar la seguridad pública no admite demoras y los efectos nocivos de la inseguridad se trasladan a toda la sociedad aún cuando no todos sean víctimas directas de los delitos que se comenten. El plan de seguridad está orientado por la necesidad de recuperar la credibilidad en el sistema y por mejorar la calidad de la prestación del servicio público.